En situación crítica y con las cuentas en rojo, el sistema eléctrico ha sumado una nueva complicación económica que promete hacer más grave y compleja la situación que heredará el próximo gobierno.

A medida que se acercan las elecciones y el recambio presidencial, las principales empresas provinciales eléctricas están dejando de pagar las facturas mensuales por la energía que reciben del sistema.

Las boletas impagas por la provisión de energía que las distribuidoras estatales y privadas del interior arrastran con la CAMMESA –la administradora estatal del mercado eléctrico que maneja el camporista Esteban Kiper– alcanzaron el mes pasado un nuevo récord de 12.095 millones de pesos.

La decisión de las compañías provinciales de cortar los pagos a la CAMMESA obedecería, básicamente, a dos razones.

La primera tiene que ver con los atrasos que registra la Nación el desembolso de los fondos comprometidos en el “acuerdo federal de convergencia tarifaria”. A principios de año, la mayoría de las provincias acordaron con el ministro de Planificación, Julio De Vido no subir las tarifas de distribución a cambio de compensaciones y aportes económicos destinados a obras prioritarias y al pago de los aumentos salariales. Esos fondos bajaron casi sin problemas hasta mediados de año, pero ahora acumulan más de tres meses de retraso.

La segunda razón está vinculada con una jugada política de varios gobernadores que saben que, en medio del proceso electoral, los funcionarios nacionales no van a aplicarles represalias, ni sanciones si dejan de pagar la energía eléctrica que toman del sistema nacional.

Según el último informe que trató el directorio de la CAMMESA, la que encabeza la lista de las distribuidoras eléctricas más morosas es la EPEC, la empresa estatal de Córdoba. A fines de setiembre, la deuda acumulada por la compañía cordobesa llegaba a casi 4.480 millones de pesos.

El segundo lugar lo ocupa la mendocina EDEMSA con una deuda de 1.177 millones de pesos. Muy cerca aparece en el tercer puesto, la distribuidora estatal correntina DPEC con un rojo de 1.176 millones de pesos.

En la cuarta posición se encuentra la EPE de Santa Fe con un saldo impago de 1.066 millones de pesos.

En quinto lugar asoma la privada EDELAP que hace tres años pasó de la órbita de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Tiene una deuda de 1.008 millones de pesos.

En el sexto lugar figura la distribuidora estatal de Chaco –SECHEEP—con facturas sin abonar por 612 millones de pesos. En el séptimo escalón está la empresa eléctrica de Catamarca, con una deuda de 550 millones de pesos.

En tanto, en los puestos 8 y 9 aparecen las distribuidoras privadas bonaerenses EDEN --con una deuda de 401 millones de pesos-- y EDEA, con un saldo impago de 324 millones de pesos. Completa el lote de las 10 más morosas la Cooperativa Eléctrica de Comodoro Rivadavia, cuya deuda llega a los 282 millones de pesos.

Una situación muy particular se registra con SPSE, la empresa eléctrica estatal de Santa Cruz. Su deuda acumulada trepó a 205 millones de pesos y equivale a casi 24 meses del consumo promedio que tiene la provincia.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta principios de año, ésta vez no figuran entre las deudoras las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur.

Estas empresas –que juntas llegaron a deberle a la CAMMESA de algo más de 4.000 millones de pesos —están ahora con sus pagos al día gracias al “salvavidas” que a fines de marzo le concedió el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Por medio de la resolución 32 de la Secretaría de Energía, la administración kirchnerista le reconoció a las distribuidoras un fuerte aumento en sus ingresos que no fue afrontado por los usuarios, sino por el propio Gobierno con un nuevo paquete de subsidios que se implementó a través de la CAMMESA.

Dicha norma tuvo tres puntos salientes: el retorno de los subsidios para los usuarios de los countries y Puerto Madero, la ampliación de las compensaciones económicas para los hogares que ya tenían sus boletas bonificadas y la creación de una especie de “patacón eléctrico” para que las distribuidoras puedan cancelar sus deudas con el Estado.

Con esa ayuda extraordinaria, Edenor y Edesur pudieron mejorar sus números, cancelar las deudas con el Estado y superar el riesgo de caer en situación de “patrimonio negativo”, que es una de las causales fijadas para la caída de la concesión.